Tribuna publicada en Diario La Rioja el 07 de noviembre de 2029.

Hay una pregunta que deberíamos hacernos: ¿podemos aspirar a vivir en paz, con seguridad y bienestar, mientras millones de personas carecen de lo más básico para vivir con dignidad? En un mundo interconectado, la respuesta es evidente. Las guerras, la pobreza, las desigualdades y la emergencia climática no se detienen en las fronteras. Sus consecuencias nos afectan a todas las personas, aunque no lo hagan por igual. Por eso, cuando hablamos de cooperación internacional, no hablamos de algo lejano ni ajeno a nuestras preocupaciones. Hablamos de qué mundo queremos construir y de qué papel estamos dispuestos a desempeñar en él.

El panorama internacional exige respuestas urgentes. Los conflictos armados desplazan a millones de personas, el hambre continúa golpeando a poblaciones enteras y el deterioro ambiental amenaza los medios de vida de las comunidades más vulnerables. Al mismo tiempo, se cuestionan los derechos humanos, se debilitan los mecanismos de diálogo internacional y gana terreno la tentación de resolver los problemas desde el enfrentamiento y el repliegue nacional. Frente a esta realidad, la indiferencia no es una opción responsable. Tampoco lo es pensar que podemos aislarnos de lo que sucede.

La cooperación internacional es una herramienta imprescindible para prevenir conflictos, responder a las emergencias humanitarias, combatir las desigualdades y fortalecer sociedades más justas y resilientes. Su valor no reside únicamente en atender a quienes sufren las consecuencias de una crisis, sino también en actuar sobre sus causas. Invertir en educación, salud, igualdad, protección ambiental y fortalecimiento institucional favorece que las personas desarrollen sus proyectos de vida y que las comunidades afronten mejor las dificultades. Cooperar es ayudar, pero también prevenir. Y prevenir siempre será más responsable que limitarse a reparar los daños.

España cuenta con un marco normativo que permite avanzar en esta dirección. La Ley 1/2023 de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global constituye un compromiso de país, respaldado por un amplio consenso parlamentario. No es un asunto exclusivo de un Gobierno ni una iniciativa que deba quedar sometida a los vaivenes de cada legislatura. Es una política de Estado que expresa nuestra responsabilidad internacional y nuestra voluntad de contribuir a un orden mundial basado en los derechos humanos, la paz y el desarrollo sostenible.

Pero los compromisos necesitan recursos para convertirse en realidad. Según los datos oficiales, la ayuda oficial al desarrollo española se situó en 2025 en el 0,27% de la renta nacional bruta, lejos del objetivo del 0,7% fijado para 2030. La distancia entre ambos porcentajes revela el esfuerzo pendiente. No basta con aprobar leyes, elaborar estrategias o proclamar buenas intenciones: hacen falta financiación suficiente, instituciones sólidas y una voluntad política sostenida en el tiempo. La cooperación no puede depender de la disponibilidad presupuestaria de cada momento ni convertirse en una partida prescindible.

También debemos reconocer que esta tarea no corresponde únicamente a las administraciones públicas. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan una función esencial gracias a su experiencia, su conocimiento de las realidades locales y su capacidad para construir alianzas duraderas. Su participación debe contar con respaldo institucional y financiero. Del mismo modo, las comunidades con las que trabajamos deben tener voz y capacidad de decisión sobre los procesos que afectan a su futuro. La cooperación eficaz no consiste en imponer soluciones, sino en trabajar conjuntamente desde el respeto, la confianza y la corresponsabilidad.

Hay, además, una exigencia que no podemos eludir: la coherencia. No resulta creíble defender los derechos humanos en el exterior si no se protegen en todas las decisiones públicas. Tampoco podemos reivindicar la sostenibilidad mientras ignoramos las consecuencias sociales y ambientales de nuestras políticas. La cooperación debe acompañarse de una acción pública coherente y de una ciudadanía informada, capaz de comprender que los grandes desafíos globales tienen causas estructurales y requieren respuestas compartidas.

Las elecciones generales del 29 de noviembre ofrecen una oportunidad para que los partidos políticos demuestren si consideran estos compromisos una prioridad real. Consolidar la cooperación como política de Estado, avanzar hacia el 0,7%, reforzar las capacidades institucionales y proteger el espacio de actuación de la sociedad civil deberían formar parte de una agenda compartida, por encima de las diferencias partidistas.

En tiempos de incertidumbre, cooperar no es una ingenuidad ni un lujo reservado a épocas de bonanza. Es una decisión política inteligente, una exigencia ética y una inversión en estabilidad y futuro. España debe elegir entre encerrarse en sus propias preocupaciones o contribuir a construir soluciones globales. La magnitud de los desafíos no permite aplazar esa decisión.

Porque la solidaridad no debilita a una sociedad: la fortalece. Y porque, cuando las crisis no conocen fronteras, cooperar no es solo lo correcto. Es lo necesario. Es lo normal.